En poco menos de una semana, los abogados de familia, hemos tenido que ir cambiando de criterios a la hora de asesorar y aconsejar a nuestros clientes sobre el régimen de custodia y visitas de los menores a medida que se han ido sucediendo los hechos por la incidencia de la declaración del estado de alarma de 14 de marzo de 2020.

Los abogados especializados en esta materia que tenemos casos en toda España estamos siendo “víctimas” de una cascada de decisiones por los diferentes Juzgados de Familia que cuanto menos, nos están confundiendo totalmente, no pudiendo resolver las dudas de un cliente de Salamanca como se las resolvemos a un cliente de Valladolid, Zaragoza, Cádiz o Murcia, por poner algunos ejemplos.

¿Cuál es el problema? Los Juzgados de Familia han empezado a dictar acuerdos y adoptar criterios sobre el régimen de visitas ante la situación excepcional que estamos viviendo resolviendo sobre si se suspende o no el régimen de visitas y la custodia o cómo se deben llevar a cabo ambas, con la sorpresa de que las medidas adoptadas por los diferentes juzgados son dispares, sin ningún tipo de coordinación, lo que nos deja en el aire algunas preguntas como la que planteo como título de este artículo : ¿Es diferente el riesgo de contagio de coronavirus en una ciudad u otra? ¿o hay que estar a cada caso concreto para valora el riesgo de contagio del menor, debiendo permanecer con el progenitor con el que menos riesgo de contagio de coronavirus tenga?

La incertidumbre ha crecido más, si cabe, con la Decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y posteriormente, con la comparecencia del Ministro de Justicia, ambas el pasado viernes 20 de marzo, para acabar rematando con las Instrucciones establecidas por la Fiscalía General del Estado de fecha 22 de marzo, a los fiscales de lo largo y ancho del territorio nacional.

Para intentar resolver este galimatías de criterios e instrucciones, se hace preciso realizar una pequeña cronología sobre estos días pasados.

Todo empezó cuando el viernes 13, ante las inquietantes noticias que llegaban de los medios de comunicación sobre el aumento masivo de casos de coronavirus, los colegios, institutos y universidades decidieron cerrar sus instalaciones enviando a los menores a sus casas, en algunas provincias esta decisión se había adoptado en días anteriores.

En ese momento cunde la alarma entre progenitores/as, decidiendo algunos recoger a sus hijos en el colegio a pesar de no corresponderles o negarse en todo caso a que los menores realizaran sus visitas de fin de semana con el progenitor no custodio.

Y es precisamente, en ese instante cuando los abogados de familia empezamos a recibir numerosas llamadas de nuestros clientes preguntándonos qué debían hacer.

Cierto es que una pandemia como la del coronavirus es totalmente nueva e imprevisible para todos, sin que exista ninguna referencia jurídica previa, y es tal la incertidumbre que te hace pensar rápidamente en una solución que, en mi modesta opinión, no puede ser la misma para todos los casos, pero sí una solución parecida o al menos tener unas bases firmes. Así que lo primero que se hizo fue apelar a la coherencia y sentido común de los progenitores para que llegaran a acuerdos sobre su concreta situación. Pero como suele ocurrir en estas ocasiones, cada uno tiene su propio criterio y no se llega a ningún consenso, aunque tengo que aplaudir a aquellos progenitores que sí lo han conseguido, ya que somos conscientes de que en estos momentos existe un gran miedo sobre lo que podrá pasar, pero ante las adversidades los padres deben intentar permanecer unidos por el bien de sus hijos.

Ante los desacuerdos de los progenitores, las primeras voces en el ámbito del derecho alegaban que debía cumplirse el régimen de visitas por eso del derecho a la tutela judicial efectiva y a la ejecución de las sentencias en sus propios términos, eso sí, siempre salvaguardando la salud de los más pequeños de no llevarlos al parque ni hacer vida social, además de adoptar en los intercambios todas las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. Como por ejemplo, hizo AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia) al recomendar “sensatez” a los padres y madres divorciados y el reparto de cargas a la hora de cuidar a los hijos, teniendo siempre en cuenta el interés de los menores.

En estos consejos estábamos cuando con tan solo 24 horas de diferencia el Gobierno dictó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (hoy modificado por el Real Decreto 465/2020) por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Lo que hizo cambiar el criterio de muchos profesionales, la crisis sanitaria era más importante de lo que se creía (o nos habían hecho creer). A partir de ese momento comienza un duelo entre los derechos a la tutela judicial, a la ejecución de la sentencia en sus propios términos, a la protección de la salud pública y como no, el principio del interés superior del menor, concretado en este caso en la protección de su salud y en el derecho de éste a relacionarse y mantener contacto con ambos progenitores.

Empezaron a surgir noticias en los medios de comunicación como la del 16 de marzo, que dejaba constancia de que una juez del municipio de Alcorcón había dictaminado que durante la pandemia de coronavirus no era posible el traslado de los menores, ya que según manifestaba no era un supuesto previsto en el Real Decreto 463/2020 como excepción a la limitación de circulación.

Diversos Juzgados a lo largo de España se han ido pronunciado en favor de este criterio, pero también muchos otros lo han hecho en el sentido de mantener el régimen de visitas con una interpretación totalmente contraria, esto es, que el Real Decreto 463/2020, da cobertura al cumplimiento de las sentencias en sus términos manteniendo las visitas al indicar expresamente  en su artículo 7, apartados d) y e) que podrán circular por las vías de uso público aquellos que retornen al lugar de residencia habitual y los que asistan y cuiden , entre otros, a menores, por lo que “se contempla la necesidad de un progenitor de tener que circular por la vía pública para recoger a un menor”.

 El viernes 20 de marzo, el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, adoptó la decisión de que como regla general el estado de alarma no suspende automáticamente la custodia y visitas de los hijos, siendo que las medidas adoptadas en los procedimientos de familia no quedan afectadas por la suspensión de plazos, si bien, no se puede ignorar la existencia del Real Decreto 463/2020, por tanto, por la necesidad de preservar la salud de los hijos y los progenitores sí se pueden imponer, según las circunstancias, la modulación o modificación del régimen de custodia, visitas y estancias existentes, correspondiendo al juez decidir en cada caso sobre esa posible modificación, y remata diciendo que las juntas sectoriales de Juzgados de Familia pueden adoptar acuerdos para unificar criterios y establecer pautas de actuación conjunta.

No muy lejos de este criterio, esa misma tarde, a preguntas de los periodistas sobre el régimen de visitas, el ministro de Justicia, manifestó que el artículo 7 del Real Decreto establece una excepción a la no movilidad por la situación de alarma si se está cuidando o acompañando a un menor (apartado e del mencionado artículo), teniendo en cuenta el derecho de los menores a poder relacionarse con ambos progenitores.

Y finalizando nuestra cronología sobre este tema, este lunes, 22 de marzo, la Fiscalía General de Estado elaboró unas instrucciones generales con el fin de favorecer la unidad de actuación y respuesta de los fiscales para resolver los problemas y situaciones derivados de la actual crisis sanitaria en los casos del ejercicio del régimen de visitas y custodias, adhiriéndose a lo manifestado por el ministro de Justicia : el desplazamiento para proceder a la entrega y recogida de los menores se entiende incluido en el epígrafe e) del artículo 7 del Real Decreto, pero sin embargo, esta excepción deberá ser interpretada de forma restrictiva teniendo en cuenta en todo caso el interés superior del menor que implica garantizar su salud no exponiéndolo innecesariamente a situaciones de contagio, que debe primar por encima de cualquier otro interés, pudiendo decidir el juez competente conforme al artículo 158 del Código Civil.

Eso sí, todos coinciden en que las visitas supervisadas por los profesionales de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) deben suspenderse, por razones de salud de los menores, ya que pueden ser un foco de contagio.

Bien, pues en referencia a todo lo dicho, podemos concluir que no hay una decisión unánime porque aunque el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y hasta el propio Ministro aboguen porque se lleven a cabo los regímenes de visitas, como dice el CGPJ si hay conflicto la decisión final será del Juzgado que corresponda y, no olvidemos, que ese Juzgado aplicará los criterios que haya dictado, que no son sino más que una advertencia del contenido de la mayoría de sus resoluciones sobre el tema de los regímenes de visitas, por lo que no tomaría a la ligera la actual posición de cada Juzgado.

(Para teneros informados, a través de nuestra web os iremos publicando  los acuerdos adoptados y que siguen adoptándose por los diferentes Juzgados.)

 

Marta Bolívar Laguna

Abogada

 

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La actual situación sanitaria ha provocado una incertidumbre en relación al régimen de visitas y custodias compartidas, son numerosas las preguntas que se nos hacen por parte de los progenitores. Ante una situación tan excepcional los Juzgados no han sabido cómo actuar, de forma que según el lugar de España en el que nos encontremos se están adoptando unos criterios un otros, lo que está conllevando una total descoordinación y confusión en los progenitores y en los abogados que nos dedicamos al Derecho de Familia.
El Juzgado de Familia de Salamanca dictó ayer, día 19 de marzo, sus criterios, siendo uno de los más radicales de los dictados hasta el momento, suspendiendo las visitas y la custodia compartida, siempre y cuando no exista un consenso por parte de los progenitores. Criterios Juzgado de Familia de Salamanca (click para ver el documento) 
Nuestra abogada titular, Marta Bolívar Laguna, como presidenta de la Sección de Derecho de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca (ICASAL), tuvo la oportunidad de hablar sobre estos criterios en relación a la suspensión de la custodia compartida en Salamanca ayer día 19 de marzo en las noticias de La 7 Castilla y León :
En los próximos días os iremos  dejando los criterios que se han ido dictado actualmente por diferentes Juzgados en toda España.
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En estos momentos tan complicados por la delicada situación de salud que vive nuestro país, hay que ser solidarios, y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa.

MBL ABOGADOS se queda en casa, pero seguimos a pie de cañón asesorando y ayudando a nuestros clientes y a toda aquella persona que lo necesite.

Para facilitar nuestro asesoramiento y servicio ponemos a vuestra disposición sistemas alternativos de comunicación a través de nuestros :

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De nuevo hemos podido disfrutar de la invitación  del programa Historias del Oeste de  Radio Oeste de Zoes.

Esta vez, hemos analizado los últimos datos sobre divorcios que nos ha dejado el Instituto Nacional de Empleo (I.N.E.).

Agradecemos a Paco Iglesias y a Zoes que haya vuelto a contar con nuestro despacho para hablar de «Historias del Oeste».

Os dejamos la entrevista en este enlace.

Estamos encantados con la invitación del programa Historias del Oeste de  Radio Oeste de Zoes. Y agradecemos el buen rato que nos han hecho pasar Paco Iglesias, un gran mediador, y Román Andrés, sin duda un buen comunicador.

En esta ocasión, nuestra directora, Marta Bolívar Laguna, ha hablado del Coordinador de Parentalidad, una figura que cada vez se hace más presente y esencial en los conflictos familiares.

Os dejamos la entrevista en este enlace. Esperamos que disfrutéis y que hayamos sido capaces de transmitir  la importancia del Coordinador de Parentalidad.

MBL Abogados. Servicio Profesional y Eficaz en toda España.

Ayer tuvo lugar la presentación de la Comisión de Derecho de Familia de la mano de su presidenta, Marta Bolívar Laguna, socia directora de MBL ABOGADOS.

Nuestro agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca por la confianza depositada en nosotros, y sobre todo, a los compañeros que juntos han hecho realidad este proyecto : Marcos Iglesias, Alejandro Pérez, Elena Rodríguez y Paulino Fernández.

Iniciamos una nueva etapa en la que con ilusión lucharemos por impulsar la especialización en Derecho de Familia entre los colegiados de Salamanca.

 

 

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Estamos en primavera y es época de bodas. Y que menos que hacer algún regalo a los novios para compartir su felicidad y agradecer la invitación, pero ¿nos hemos parado a pesar las consecuencias fiscales de esos regalos?

Hace escasamente unas semanas tratábamos este tema en nuestro despacho con una cliente que estaba ultimando los detalles de su boda y quería informarse sobre las consecuencias jurídicas y fiscales que conllevaría su nuevo estado civil. Ni que decir la sorpresa que le supuso el hablarle de la posibilidad de tener que tributar por los regalos que se les hicieran a los futuros esposos por ocasión de su boda.

La verdad es que no es nada nuevo que los regalos de boda sean objeto de tributación ante la Agencia Tributaria y las Haciendas Autonómicas. Hasta el momento esto había pasado desapercibido, sin embargo, ante el agravamiento de la presión fiscal en los últimos años, se ha vuelto a traer a colación este tema, tal y como destaca la noticia que compartimos abajo.

De ahí que surjan muchas preguntas y dudas al respecto. Y es que los regalos no dejan de ser donaciones (transmisiones de bienes a título gratuito e intervivos) que conllevan que pueda activarse el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y que los novios se vean obligados a tributar por ese concepto.

Lo primero que hay que saber es que el Impuesto de Donaciones está gestionado por cada Comunidad Autónoma, y  si bien es cierto que la ley no hace distinciones en relación a los regalos que pueden tributar (desde el sobre con dinero, pasando por transferencias e ingresos en cuenta y llegando incluso hasta una vajilla), también es cierto que cada Hacienda Autonómica tiene sus propios criterios a la hora de determinar la tributación y establecer bonificaciones en función del parentesco, así como criterios según el patrimonio.

Sin embargo, no es necesario ser alarmistas en este tema, ya que Hacienda no suele perseguir estos movimientos al tratarse de cantidades más bien pequeñas; su interés está sobre todo centrado en los proveedores como son los restaurantes, caterings, ect., y el cumplimiento de estos negocios con sus obligaciones fiscales respecto a los pagos recibidos por sus servicios en la celebración; y es por este motivo que es posible que Hacienda se ponga en contacto con los novios para obtener información al respecto.

Aún así, no hay que bajar la guardia, y sobre todo, consultar cualquier duda sobre el tema con profesionales como abogados y asesores fiscales.

https://www.antena3.com/noticias/economia/bodas-hacienda-video_201905145cdae6920cf26b6ffc70a243.html

 

M.B.L. ABOGADOS.

Servicio Profesional y Eficaz en toda España.

Iniciaré este artículo suscribiendo las palabras de una gran compañera y abogada, María Pérez Galván, que recuerda que el abogado de Familia debe estar dotado de una sensibilidad especial personal y jurídica, tener vocación, paciencia y luchar por el interés superior de los niños.

 En Derecho de Familia cada caso es diferente y no todas las soluciones se encuentran en la ley, por eso es tan necesaria la formación de los abogados para especializarse en esta materia.

Estamos viviendo desde hace años una transformación del Derecho de Familia que no acaba de consolidarse en la legislación que se ha quedado obsoleta respecto a cuestiones como la custodia compartida, uso de la vivienda, pensión compensatoria, relación con los abuelos, alimentos a hijos mayores de edad, maternidad subrogada y otros conceptos que a pesar de los cambios sociales desde que se creó en el año 1981 lo que se dio a conocer como la «Ley del Divorcio», apenas han sufrido alteraciones, siendo el Tribunal Supremo el que mediante su jurisprudencia y doctrina ha tenido que sustituir al legislador en esta tarea, no sin alguna polémica al respecto.

Aún así, es difícil unificar la práctica del Derecho de Familia en toda España, ya que todavía hay órganos judiciales reacios a aplicar la nueva jurisprudencia, creándose una praxis diferente según el lugar del territorio nacional en el que se ejerza.

Justamente, para poder unificar criterios y práctica, todos los compañeros que nos dedicamos al Derecho de Familia debemos aunar esfuerzos para evitar la desigual aplicación de la ley y jurisprudencia, siempre prevaleciendo el interés de los menores e incapacitados, y salvaguardando sus derechos, sobre todo, a ser felices tras la ruptura o divorcio de sus progenitores.

Igualmente, y tal y como manifiesta otra de las grandes profesionales en esta materia, Isabel Winkels, y que suscribimos todos aquellos que no dedicamos al Derecho de Familia, es necesaria la especialización ya no solo de los abogados, sino también de otros operadores jurídicos, como son jueces y fiscales, e incluso psicólogos y trabajadores sociales, además de la creación de Juzgados de Familia.

En relación a otro de los problemas que azotan el Derecho de Familia, también me tomo la licencia de reiterar las palabras de la presidenta de la Asociación de Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores Lozano Ortiz, ante la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado en este año 2019 : “Las consecuencias de las rupturas mal gestionadas generan una relación directa en la escalada de violencia”, no solo de género o doméstica, sino también de hijos a padres, y la solución para ello pasa por una buena organización respecto a todos los profesionales que nos dedicamos al Derecho de Familia, así como la creación de una jurisdicción especializada en Derecho de Familiaque facilite una respuesta rápida y eficaz en los procesos de ruptura matrimonial a los efectos de reducir la violencia de género, y la cada vez más frecuente, violencia filio-parental.

Es por ello que los abogados tenemos un papel esencial para evitar este tipo de situaciones en cuanto a un buen asesoramiento a los ciudadanos, una justa práctica y aplicación de las normas jurídicas,incentivando las buenas relaciones entre compañeros y haciendo uso además de diversas figuras auxiliares como la mediación y el coordinador parental.

         Marta Bolívar Laguna

            Abogada

        

MBL ABOGADOS Abogados de Familia. Servicio Profesional en toda España. 

El pasado 5 de abril, desde MBL ABOGADOS tuvimos la oportunidad de organizar en el Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid la Jornada de Derecho y Psicología de Familia; colegio al que agradecemos su gran implicación en el evento.

Lo hicimos como coordinadores en Castilla y León de la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia (CEMIN); Confederación a la que, como abogados de familia, nos sentimos realmente orgullosos de pertenecer porque nos permite llevar a cabo una mayor lucha por los intereses de los menores en los conflictos familiares en los que los niños sufren la mayor parte de las consecuencias.

En estas Jornadas, se presentó la figura del Coordinador de Parentalidad que lleva tiempo implantada en otros países como Alemania, Canadá, EE.UU, etc.;  y aunque en España hace años que se importó, es en la actualidad cuando se ha empezado a conocer de una forma más extendida.

Para poder hablar de esta figura, es necesario conocer el contexto en el que se desarrolla y se pone en práctica, que no es otro que el de los conflictos que se producen consecuencia de la ruptura de parejas o matrimonios y que afectan directamente a la crianza de los hijos.

Desgraciadamente, son muchos los casos en que los progenitores durante su ruptura sentimental llegan a anteponer, de forma consciente o inconsciente, sus intereses a los de sus propios hijos. Y digo inconscientemente, porque a veces los progenitores piensan que con sus actos están haciendo lo mejor para sus hijos, sin embargo, no se dan cuenta de que en su empeño arrastran a los niños a una situación de continuo conflicto que les aleja de poder vivir una infancia feliz.

Para los hijos de padres divorciados es difícil asimilar la ruptura de sus progenitores; de la noche a la mañana se encuentran que ya no conviven de forma continuada con uno de los dos o con ambos en el caso de custodia compartida, que su vida diaria tiene que tomar otro rumbo, y que tienen que acostumbrarse a otros hábitos; de ahí el deber de los padres de evitar por todos los medios involucrar a los menores en un conflicto de adultos y el tomar actitudes que faciliten a sus hijos esa transición, y que eviten el sentimiento de pérdida, permitiendo vivir una infancia plena y sin complicaciones.

Sin embargo, un gran número de litigios sobre rupturas de pareja o matrimoniales son de un nivel alto de conflictividad que, en la mayor parte de ocasiones, se convierte en una lucha para obstaculizar el vínculo materno-paterno filial, lo que conlleva una incomunicación por parte de los progenitores y una constante pugna entre ellos que provoca dificultad para la toma de decisiones sobre la crianza de los hijos.

A través de nuestra profesión de abogados de familia tenemos el deber de velar por los intereses de los más pequeños intentando mediar, en la medida de lo posible, en el conflicto entre los progenitores, lo que desgraciadamente no siempre resulta fácil ni posible cuando una de las partes del conflicto se obceca en continuar con el mismo.

Todos podemos intuir en qué consiste el concepto “interés del menor” que llena tantas hojas de demandas y resoluciones judiciales, sin embargo es un concepto que gran parte de los procesos se queda huérfano de contenido, una expresión que a fuerza de repetirla se convierte en un “latiguillo” que a veces no hay un esfuerzo para entender en qué consiste, ni tan siquiera está concretado en norma alguna, pudiendo clasificarlo de concepto indeterminado.

Por ello, mediante la búsqueda de la conciliación, es importante hacer uso de figuras como la del Coordinador de Parentalidad, que difiere de la del mediador, en cuanto el Coordinador es un profesional que asiste a los progenitores en situación de Alta Conflictividad para ayudarles en fase de ejecución (esto es, una vez dictada la sentencia de separación o divorcio) a aplicar las medidas de la resolución judicial evitando disputas y estableciendo pautas para que actúen siempre tomando decisiones conjuntas en beneficio de las necesidades sus hijos.

Es importante que el “interés del menor” no se quede como una mera expresión y entre todos consigamos dotarla de un contenido real a través tanto de nuestro trabajo como abogados como de figuras como el  Coordinador de Parentalidad.

 

Marta Bolívar Laguna

          Abogada